No hay pruebas de que facilitaran información reservada
En líneas generales, el Tribunal considera que no existen pruebas de que los exalcaldes Díaz Alperi y Castedo facilitaran información reservada sobre el planeamiento urbanístico ni que influyeran en técnicos y funcionarios para beneficiar a Ortiz a cambio de diferentes dádivas y regalos.
En el juicio por el presunto amaño del PGOU se sentaron en el banquillo de los acusados, además de Castedo, Díaz Alperi (predecesor de ella en la Alcaldía) y Ortiz, el constructor Ramón Salvador, los socios del bufete Salvetti Abogados, Javier Gutiérrez y José Luis Castedo (hermano de la exalcaldesa), y tres personas vinculadas a las empresas de Ortiz: su hermano, Virgilio Ortiz, Santiago Bernáldez y Pablo Rico.
Los hechos enjuiciados se remontan a los años 2008, 2009 y 2010, periodo en el que culminó la elaboración del PGOU de Alicante y su exposición pública.
Se trata de la principal pieza separada del denominado 'caso Brugal', que, a raíz de intervenciones telefónicas de la Policía Nacional, desveló una veintena de supuestas tramas en varias localidades de la provincia de Alicante.
