Víctor Álvarez Puga, el esposo de Inés Gómez Mont que también enfrenta una orden de aprehensión

Los hermanos Álvarez Puga (Víctor Manuel y Alejandro) pasaron de tener un restaurante en 1998 en la terminal de autobuses del centro de Tuxtla Gutiérrez, a poseer uno de los emporios más grandes de México, que incluyen costosas propiedades en el extranjero, vehículos de lujo, aviones. Después de investigaciones realizadas y diversas denuncias presentadas, el SAT detectó que Álvarez Puga y Asociados asesora a sus clientes para que incurran, entre otras cosas, en conductas de evasión fiscal

El SAT informó que realizó un operativo de fiscalización simultáneo al despacho Álvarez Puga y Asociados en siete de las 45 ciudades del país donde la firma de abogados tiene presencia y en la cual colabora como “abogado consultor” el recién titulado licenciado en derecho Pablo Salazar Mendiguchía.

Las auditorías se dirigieron a identificar supuestos ilícitos en que incurrieron la empresa al ofrecer servicio de outsourcing a sus múltiples clientes, esquemas para evadir responsabilidades fiscales y de seguridad social para sus trabajadores.

Con una red bien organizada a lo largo del país, los Álvarez Puga contactaron a distintos personajes, a quienes incluyeron en su nómina para hacerse de más clientes, y en sociedad evadir las responsabilidades tributarias por millones de pesos de una larga lista de compañías.

Según publicados en medios nacionales, los Álvarez Puga pasaron de tener un restaurante en 1998 en la terminal de autobuses del centro de Tuxtla Gutiérrez, a poseer uno de los emporios más grandes de México, que incluyen costosas propiedades en el extranjero, vehículos de lujo, aviones —entre ellos cuatro con matrículas N4500MH, XACGF, XALGC y N450DMH, —en el que recientemente viajó a Laredo, Texas, Alejandro Álvarez Puga— y que en meses pasados utilizó Pablo Abner al llegar a Tapachula, cuentas bancarias y participación en franquicias, como la ubicada en una avenida principal de Tuxtla Gutiérrez.

Después de investigaciones realizadas y diversas denuncias presentadas, el SAT detectó que Álvarez Puga y Asociados -Pablo Salazar y Aguilar Bodegas entre otros-asesoran a sus clientes para que incurran, entre otras cosas, en conductas de evasión fiscal mediante los esquemas de suministro de personal (outsourcing) utilizando la naturaleza legal jurídica de diversas sociedades mercantiles. Integrados a estos esquemas, pierden el acceso a servicios de salud, pensiones de cesantía y vejez, guardería para sus hijos y crédito para una vivienda digna, conductas que las autoridades federales consideran ilicitas.

Las actas circunstanciadas son UEIDFF/AC/25/2010, UEIDFF/AC/26/2010, UEIDFF/AC/27/2010, UEIDFF/AC/28/2010, UEIDFF/AC/29/2010, UEIDFF/AC/30/2010 y UEIDFF/AC/31/2010, todo mundo sabe que cuando el accionar de la justicia se inicia tarde que temprano existirán consignaciones, por el bien de Chiapas se espera que muy pronto se siente en el banquillo de los acusados y explique como un iletrado como Pablo Abner Salazar Mendiguchía es ahora un asociado de un despacho especialista en la evasión fiscal, precisamente uno de los ilícitos por los que debería ser investigado el nuevo rico Salazar Mendiguchía, quien en una revisión seria jamás podrá acreditar la precedencia lícita de sus ingresos como por ejemplo cómo adquirió su casa de Polanco y de donde sacó su ex secretaria particular los nueve millones para pagarla de contado, según consta en la respectiva escritura.

La PGR especificó que derivado de la inspección ministerial se aseguraron computadoras, libros de contabilidad e información de contribuyentes, estados de cuenta, chequeras, documentación de clientes, proveedores y compradores, donde sin duda aflorará cuántos clientes invitó el “abogado consultor” Salazar Mendiguchía y sus beneficios económicos que ahora se califican como dinero ilícito obtenido por sus socios y tirano, finalmente el destino legal alcanzará a Salazar que con tantos gastos de abogados -tiene una demanda civil por daño moral y prisión injusta, cuyo monto asciende a treinta millones de pesos- le disminuirá un poco su inmensa fortuna mal habida.

En los operativos participaron agentes del Ministerio Público Federal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales y auditores del IMSS. Contribuyó personal de la Administración Central de Fiscalización Estratégica y Administración Central de Comercio Exterior de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, y de la Secretaría de Seguridad federal. Se rumora que Pablo Abner Salazar intenta obtener información para tramitar un amparo federal que lo proteja de una posible detención.

La empresa, cuyo director general es José Antonio Aguilar Bodegas, y en la que participa también Pablo Salazar Mendiguchía, tuvo un crecimiento en los últimos ocho años que les ha permitido aspirar a comprar directamente la empresa Aeroméxico, -casualmente esos, los seis años de gobierno de Pablo Salazar como nuevo rico- con lo que se puede ver el grado de recursos de los que se han hecho por medio de la ilegal asesoría de evasión fiscal, estos dos personajes políticos que querían resurgir políticamente, invadiendo y alterando el orden social muy bien construido por el actual gobernador, aunque se rumoraba que Salazar había establecido un pacto político para regresar a Chiapas. Chiapas celebra que “el peor gobernador que ha tenido Chiapas” finalmente sea indiciado en un proceso penal, lo que no pudieron realizar los damnificados del fenómeno Stan, lo realizó la PGR y el IMSS por las conductas ambiciosas de Pablo Salazar, José Antonio Aguilar y los Hermanos Alvarez Puga, independientemente del resultado final que tengan las investigaciones, estas ya desenmascaran al millonario Salazar y tendrá que demostrar la procedencia lícita de sus ingresos en los últimos ocho años donde pudieran resultar que la fortuna de los Alvarez Puga realmente no sean de ellos y si de Salazar Mendiguchía, ya que existen muchos datos coincidentes con los ingresos y sociedades entre ellos. En dicha empresa participan muchos chiapanecos considerados como “gente importante”. Cuántos de ellos ahora querrán saludar o apoyar los proyectos políticos como el que se jactaban de apoyar en las candidaturas de Set Yasir, Claudia Orantes y demás “connotados” nuevos políticos que recurrieron a buscar como padrinos a Pablo Salazar y los Alvarez Puga.

BOLETIN SAT

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con apoyo de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), ejecutó este 21 de abril una acción de fiscalización simultánea al despacho Álvarez Puga y Asociados en 7 distintas ciudades del país.

Después de investigaciones realizadas y diversas denuncias presentadas, el Servicio de Administración Tributaria detectó que el despacho Álvarez Puga y Asociados —quien tiene presencia en 45 ciudades del país—, entre las actividades que desempeña están el asesorar a sus clientes de tal manera que estos incurren, entre otras, en conductas de evasión fiscal en los esquemas de suministro de personal (outsourcing) que se realizan utilizando la naturaleza legal jurídica de diversas sociedades mercantiles.

Estos esquemas abusivos de sustitución laboral consisten en transferir a los trabajadores de las empresas a sociedades cooperativas, sociedades en nombre colectivo, empresas integradoras e integradas, con el propósito de evitar el pago de reparto de utilidades, impuestos federales y locales, así como contribuciones de seguridad social.

Estas sociedades registran como socios cooperativistas o industriales (realmente empleados) al personal que se les transfiere de las empresas, de tal modo que reciben remuneraciones bajo el concepto de previsión social, alimentos, bonos u otros conceptos similares; en lugar de salarios omitiendo la retención y entero del Impuesto Sobre la Renta correspondiente.

Los trabajadores, al ser integrados a estos esquemas pierden el acceso a servicios de salud, pensiones de cesantía y vejez, guarderías para sus hijos y crédito para una vivienda digna.

En las acciones ejecutadas este 21 de abril, alrededor de 70 auditores del SAT y 7 representantes del IMSS, apoyados por 7 agentes del Ministerio Público de la Federación y 120 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, iniciaron actos de revisión en las oficinas del despacho Álvarez Puga y Asociados ubicadas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Chihuahua, Chihuahua; Oaxaca, Oaxaca; Puebla, Puebla; Cancún, Quintana Roo; Mérida, Yucatán y el Distrito Federal.

El Instituto Mexicano del Seguro Social está verificando el cálculo correcto de las cuotas obreros patronales, en aquellos domicilios en los que se localicen empleados a quienes se les estén aplicando esquemas de sustitución laboral.

Este tipo de conductas se han detectado gracias al esfuerzo compartido del Servicio deAdministración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), para detectar, investigar y fiscalizar a todos los involucrados en dichas prácticas.

Estas acciones en las que se interviene a las oficinas de este despacho tienen también un efecto disuasivo para otros despachos, consultores o asesores que se dediquen a actividades similares; sobre todo en esta época del año en la cual debe comenzar el reparto de utilidades a los trabajadores.

Los probables responsables de incurrir en este tipo de conductas, una vez que se haga la investigación necesaria y se presente la querella correspondiente, podrían llegar a ser sujetos de acciones penales en su contra.

Los hermanos Víctor Manuel y Alejandro de la noche a la mañana pasaron a formar un emporio nacional con una empresa novedosa: Álvarez Puga y Asociados, que se dedica a sacar de la nómina de las empresas a sus trabajadores y con ello no tener responsabilidades laborales de ningún tipo.

La marca prospero a puntos inimaginables en la administración de Pablo Salazar, ya que se menciona que hasta los mismos burócratas se encontraban registrados en sus libros de contabilidad de los Álvarez Puga y el Gobierno del Estado se valía de este hueco legal para “ahorrarse” su paga, que nadie sabe dónde fue a parar.

La prosperidad de la empresa de Víctor Manuel y Alejandro impulsada desde el “gobierno de la Esperanza” hizo que estos personajes se asociaran para que más compañías públicas y privadas conocieran las bondades del “outsourcing” los que les trajo mayores dividendos.

Sin embargo, la tarea no estaba completa, la idea innovada ya había sido comprobada y tenía grandes resultados, el enganchador tenía una reputación aceptable, pero faltaba un administrador que le diera un nuevo giro a la asociación, es cuando entra al quite José Antonio Aguilar Bodegas para sentarse en la silla de Director General de Álvarez Puga y Asociados.

Esta alianza de Víctor Manuel y Alejandro Álvarez Puga con el ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía y Aguilar Bodegas detonó en que su empresa se pudiera instalar en más de 43 ciudades de la República, creando consorcios de outsourcing Soluciones y Estrategias Administrativas Sociedad Anónima (SEA), Alianza Estratégica de Negocios, Triple E y hasta de una línea aérea.

Esta prosperidad siempre fue cuestionada, ya que la facilidad de crear empresas y desaparecerlas sin que el fisco se molestara en preguntar, parecía muy sospechosa, pero los ingresos de los “socios” ya se podían clasificar de “multimillonarios”.

Pero como dice el refrán popular, a cada capillita le llega su fiestecita, y la feria para Álvarez Puga y Asociados llegó el 21 de abril de 2010, cuando el Servicio de Administración Tributaria, en conjunto con la Procuraduría General de la República, practicaron una serie de cateos en sus oficinas ubicadas en el Distrito Federal, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Yucatán y en Chiapas a fin de constatar las prácticas fiscales indebidas.

Desde esa fecha, la PGR, el SAT y hasta el Instituto Mexicano del Seguro Social, se encuentra investigando a esta “mafia” que se ha hecho inmensamente rica a costa del trabajo de los obreros y burócratas mexicanos.

Y lo anterior, se le puede llamar con un sólo nombre “delincuencia organizada” ya que la misma Ley en la materia así la describe: “Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos delitos, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada”.

Los Álvarez Puga sí que están bien “organizados”, una sociedad de poder donde la protección laboral de los trabajadores queda pisoteada por la avaricia de los patrones.

El “cártel” que encabeza Pablo Salazar Mendiguchía, José Antonio Aguilar Bodegas, Víctor Manuel y Alejandro Álvarez Puga ya tiene muchas cuentas pendientes con la justicia y no se las van a quitar con “tracalerías” y “jugarretas” engañosas como lo hacen muy bien con los huecos fiscales.

Esta vez las cartas están echadas y no les favorecen a estos vándalos, ni nombres como los de Ernesto Zedillo, Santiago Creel Miranda, Emilio Gamboa Patrón y Ulises Ruíz le podrán servir de escudo, aun cuando se mencionan como parte de las complicidades del “cártel” Álvarez Puga.

Cuántos poderosos estarán inscritos en la nómina de los “Reyes del Outsourcing”, que pagan a sus directores estatales sumas equivalentes a los dos millones y medio de pesos mensuales.

Pablo Salazar ya enfrenta a la justicia, se encuentra encarcelado con tres procesos penales estatales abiertos en su contra, pero aún faltarían otros de carácter federal.

José Antonio Aguilar Bodegas, quiere pasar desapercibido en el “cártel” de los Álvarez Puga, aun cuando es el Director General quiere aparentar que las “movidas chuecas” no corresponden a la realidad, pero los hechos hablan por sí mismos, sin olvidar que podría estar abierta una Averiguación Previa en su contra por lesiones y amenazas.

En el plano político, Josean anda “embramado” por conseguir un espacio dentro del priísmo chiapaneco, ya que tiene un sueño, el de ser gobernador, pero quien en su sano juicio puede pensar que con los problemas penales y fiscales que tiene, pueda aspirar a la más mínima oportunidad de acceder al poder.Para muchos “calienta cabezas” y otros más “lame huevos” que impulsan la “ideóta” de Aguilar Bodegas con el pretexto de que tiene carisma –o sea dinero- para ganar la candidatura del PRI Chiapas, es pura lambisconería y ambición desbordada.

Y llaga tanto la fantasía de algunos “politicólogos” que hasta dicen que de no obtener nada del tricolor, Josean tiene las puertas abiertas con “Morena” y Andrés Manuel López Obrador para ser el candidato externo de las “izquierdas”.

Así que la “mafia” pretende seguir buscando acrecentar su marco de operaciones, ya que quieren hacer gobernador a su Director General a punta de “cañonazo de dinero”.

Pero no es de extrañarse que esto suceda al interior del “cártel” de los Álvarez Puga, no saben hacer otra cosa que delinquir, piensan que por tener dinero y poderosos que los respalden pueden hacer lo que se les antoja, lo que no toman en consideración es que los “sabuesos” del SAT los tienen puestos en la mira y que con el apoyo de la PGR muy pronto estarán frente al Ministerio Público leyéndoles sus derechos.

Los excesos y violaciones a las leyes por parte de Víctor Manuel y Alejandro Álvarez Puga y sus “compinches” Pablo Salazar y José Antonio Aguilar Bodegas deben tener un final como corresponde: con la declaración de un Juez dictándoles sentencia condenatoria.

Los hermanos Álvarez Puga, oriundos de Tuxtla Gutiérrez, vuelven a convertirse en noticia desagradable, no solamente en Chiapas, sino a nivel nacional. La primera ocasión fue el 23 de abril del 2010, cuando las cadenas nacionales de Televisa, Televisión Azteca, Televisión Milenio y programas radiofónicos como “Radio Fórmula”, dieron a conocer que el Gobierno Federal a través del SAT, la PGR y el IMSS, realizaban auditorías contables a 7 oficinas del corporativo “Álvarez Puga, & Asociados”, en igual número de ciudades, donde se encontraban Tuxtla Gutiérrez, Chihuahua, Oaxaca, Puebla, Cancún, y Puebla, entre otras. Al otro día toda la prensa escrita nacional, ajusticiaba lo que se conocía como el “outsorcing”, y a sus protagonistas chiapanecos, cuya modalidad para la prensa mexicana era evadir impuestos en medio de una orgía administrativa de engaños y suplantaciones. Las auditorías se enfilaban apenas a 7, de 45 ciudades del país, donde se encuentra instalada una oficina de los Álvarez Puga.

En esta semana vuelve a recobrar bríos esta información a nivel nacional, donde nuevamente estos hermanos, siguen dando la nota policiaca, y en donde adquiere relevancia el nombre del exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía, a quien se le señala de contar con un capital personal que presuntamente supera los 10 mil millones de pesos, y ser el principal socio de este corporativo que trabaja con el Outsorcing. Desde Abril del año pasado, la denuncia fue que había una complicidad entre los Álvarez Puga y el exgobernador Salazar Mendiguchía, acusado por los damnificados de Chiapas, de ser el saqueador de más de 11 mil millones de pesos, presupuestos federales asignados a la reconstrucción de Chiapas, y que hasta ahora la PGR, ha sido benévola con Salazar, pese a existir al menos tres averiguaciones previas radicadas en la ciudad de México en su contra y denunciado por los damnificados.En las denuncias de la prensa nacional y estatal, la empresa de los Álvarez ha sido investigada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por evasión fiscal, donde las investigaciones continúan. Entre los denunciados socios se encuentran, aparte de Pablo Salazar, el excandidato al gobierno de Chiapas José Antonio Aguilar Bodegas. Lo extraordinario de este caso, es que la sospecha pública de las expresiones populares pudiera pensarse que Salazar aportó dinero para este tipo de empresas que están siendo investigadas, dinero cuyo dueño verdadero son los chiapanecos. La PGR, puede investigar si los dineros de Pablo Salazar, se invirtieron en “sociedades empresariales”, debido a la súbita prominencia del corporativo “Álvarez Puga, & Asociados”.

Por ejemplo, antier el reconocido periodista nacional de radio, Oscar Mario Beteta, dijo textualmente en su espacio radiofónico lo siguiente: “La firma Álvarez Puga y Asociados, en complicidad con Pablo Salazar Mendiguchía y José Antonio Aguilar Bodegas, amasó una fortuna durante el sexenio del exgobernador de Chiapas a través de la práctica del outsorcing para evadir impuestos, así como el lavado de dinero” y remató: “Pero hasta la fecha todos los miembros continúan sin ser tocados, excepto Pablo Salazar Mendiguchía, pero este desvío millonario recurso conocido como el “Pablo Bono”; bono de fin de sexenio cobrado meses después con la coartada de compra de seguros de vida. Pablo Salazar Mendiguchía y José Antonio Aguilar Bodegas también son conocidos por sus vínculos sospechosos con delincuentes, sin embargo, la mezcla de desvío de recursos y evasión de impuestos ha hecho acumular riqueza a Álvarez Puga y Asociados, señalados también en diferentes ocasiones, formal e informalmente, por fraude, lavado de dinero y evasión fiscal.”

Increíblemente el propio comentarista Beteta y varios colegas de Tuxtla Gutiérrez han venido señalando y coincidiendo que el clan de los Álvarez Puga, arrancaron hace 8 años con un pequeño restaurant, ubicado muy cerca de la terminal de autobuses del centro de Tuxtla Gutiérrez, lo que contraviene totalmente con el emporio del “outsorcing” de sucursales en diversas ciudades del país, aunque muchos dicen que esto es apenas un pequeño universo de compañías, que se han multiplicado en la última década. Habrá que ver si las huestes de José Antonio Meade, y el equipo del SAT, de Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, le entran de lleno al asunto de la transparencia.

El campesino.- Pocos saben que el exdirigente estatal cenecista, exdiputado local y actualmente delegado del PRI en Tapachula, Jorge Enrique Hernández Bielma, fue el “padrino de morral, paliacate, pumpo y sombrero de paja” de José Luis Pinot Villagrán, ya que fue él, quien le autorizó la credencial de campesino (sector de la CNC), en los antepasados procesos electorales. Pinot Villagrán está afiliado al sector campesino cuando nunca en su vida ha tenido una parcela, un terreno ejidal o sencillamente un pedazo de tierra, salvo el terreno de Puerto Madero, que se lo dio Antonio Díaz Athié. Inclusive de broma le decían que ni siquiera en las uñas ha tenido tierra, porque se las cuida mejor que cualquier protagonista musical de la Academia. Fue la época en que el excandidato a la diputación local por la zona baja, tuvo que cambiar sus camisas de seda y guayaberas de lino, por chompas, camisas de cuadros y pantalones de mezclilla. ¿Ya se acordaron?

Aspirante: Un fuerte aspirante para la diputación federal por el PRI, para los distritos 11 de Huixtla ó el 12 de Tapachula, es el dirigente de la CNOP estatal, Oscar Salinas Morga, quien ha hecho buena labor en el sector popular y con resonancia al interior de su partido político. No hay que perderlo de vista. En Tapachula, dicen que de Cheque Orduña a Oscar Salinas, mejor el segundo, que ha demostrado ser un representante popular medio honesto y chambeador.

Es gravoso para las empresas el pago de salarios, desde luego, incluso el mínimo establecido. Representa una carga el pago de las prestaciones del seguro social. Se busca siempre no pagar las cantidades relacionadas con la proporción de participación de utilidades que cada año deben recibir los trabajadores. En esto el gobierno ha sido comprensivo con los señores empresarios para que puedan competir con el extranjero.

Se puede evadir el pago del salario mínimo y pagar todavía menos; se logra que los deberes que la Ley del Seguro Social y sus reglamentos imponen a los patrones no se cumplan; las prestaciones que deben darse al personal, se busca evitarlas, pues la finalidad de todo empresario que se respete, es ahorrar gastos.

¿Cómo se pueden lograr todas estas cosas? Con el outsourcing. Es decir contratan servicios externos, facilitan personal al empresario necesitado y con estos empleados se puede lograr todo. Sin embargo, en algunas ocasiones, la organización que buscó a una empresa de outsourcing puede tener que pagar indemnizaciones por demandas, multas y sanciones debido al incumplimiento de las obligaciones laborales y fiscales en que incurra el prestador del servicio de outsourcing.

En la Ley del Seguro Social artículo 12, fracción I y 15, incios A, se dice: “Aquellas compañías que utilicen los servicios de subordinados contratados por otros, son responsables solidarios del cumplimiento de los deberes que la Ley del Seguro Social y sus reglamentos imponen a los patrones”.

Esto quiere decir que si los proveedores de personal en outsourcing no cuentan con elementos propios suficientes para hacer frente a dichas obligaciones se convierten en intermediarios laborales a los ojos del Seguro Social; en consecuencia las empresas beneficiadas por las labores de este tipo de trabajadores son quienes responderán ante dicho Instituto, porque recibieron los servicios subordinados, elemento esencial para ser sujeto de aseguramiento al Régimen Obligatorio del Seguro Social.

¿En cuántos casos puede decirse que el IMSS ha hecho uso de sus facultades en los supuestos antes mencionados? El señor licenciado Carlos Gallegos, miembro de la Comisión Laboral de Coparmex, de quien hemos sacado los anteriores comentarios, dice a los empresarios que, previo a la celebración de un contrato de prestación de servicios con alguna firma de outsourcing, es recomendable verificar si esa compañía cuenta con la solvencia y liquidez económica necesaria para cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad social, para que sea considerada como patrón y no como intermediario laboral.

Un artículo de The New York Times del 8 de febrero de este año, se refería a una firma de outsourcing de los hermanos Álvarez Puga, Alejandro y Víctor, que de ayudar a sus padres en los años noventa a llevar un pequeño puesto de comida frente a la terminal de autobuses en Tuxtla Gutiérrez, ahora se encuentran al frente de una firma consultora de muchos millones de dólares, viajan en aviones privados, tienen propiedades en Nueva York y clientes alrededor del mundo.

Dice el periódico que la poderosa firma provee servicios administrativos y consejos fiscales a una larga lista de compañías, además de elaborar esquemas para no pagar impuestos y aconsejarles otras prácticas fraudulentas. La investigación que ha llevado a emitir criterios de las autoridades contra los hermanos Álvarez Puga, ha también levantado un revuelo de enorme evasión fiscal sobre la poderosa industria outsourcing en México, así como también sobre profundas y muchas veces cuestionables relaciones entre las empresas y la política.

Un gobernador del estado de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía se encuentra en prisión esperando ser juzgado, acusado, entre otros delitos aceptar 1.5 millones de dinero ilícito para enviar negocios a la firma de los hermanos Álvarez Puga, de acuerdo con el gobierno de Chiapas. En los últimos días, la Interpol, ha enviado avisos pidiendo el arresto del director de la firma, José Antonio Aguilar Bodegas, antiguo senador de la República, bajo la sospecha de “crimen organizado transnacional”; también piden el arresto de Alejandro Álvarez Puga, por fraude bancario y otros cargos.

La firma es bien conocida en los círculos políticos y de negocios en México. Compañías mexicanas y extranjeras contratan firmas como esas para que se encarguen de la nómina, impuestos y otros trámites fiscales de sus trabajadores. Arturo Urbina, un abogado mexicano, dice que 5 millones de trabajadores han sido contratados bajo los sistemas de outsourcing, pero que los impuestos de esos trabajadores hayan sido pagados, eso es otra cosa, conforme estudios de la Universidad Autónoma de Nuevo León, las evasiones fiscales entre 2004 y 2010 llegan a un billón doscientos. Otras fuentes estiman más alta la evasión fiscal.

Auditores del gobierno han identificado al menos 6 mil 500 firmas de outsourcing que no han pagado los impuestos de sus trabajadores. La noticia The New York Times podría servir para escribir toda una novela y, desde luego, no permite comentarla en su totalidad en este artículo. Tal vez lo más notable de la información es que no ha sido comentada por la prensa nacional. Sí, los empresarios mexicanos quieren ser competitivos y parece que hasta ahora lo van logrando.