El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia vio con buenos ojos que inversionistas extranjeros sean quienes compren casas de lujo en Puerto Rico y manifestó que la cantidad de personas con un incentivo o decreto contributivo para mudarse a la Isla —cuya movida ha desplazado a los puertorriqueños— no es significativo.
El gobernador fue confrontado con expresiones hechas en 2019 por el ahora fenecido exgobernador Carlos Romero Barceló, quien planteó a la prensa que Puerto Rico se convirtió también en una colonia de las empresas y los multimillonarios con decretos contributivos, como los de la Ley 22, ahora englobado en la Ley 60.
“En cuanto a comentarios que se están adquiriendo propiedades de gran valor, enhorabuena, porque el impulso de la Ley 22 fue el colapso del mercado de bienes raíces… Viviendas de gran valor que no había mercado y sí, lo que se buscaba es que viniera gente con capital a darle vida al mercado de bienes raíces”, esbozó Pierluisi ante preguntas de la prensa.
A esto añadió: “Eso lo que vemos es lo que sigue pasando, esa inversión a gran escala se ve en Dorado, en el área metropolitana de San Juan, se ve en el área de Humacao y de igual manera en el área de Río Grande”.
En los pasados días ha resurgido el tema del desplazamiento provocado por estas personas, ya que puertorriqueños —como el actor Ismael Cruz Córdova— que han intentado comprar una casa para regresar a la Isla han recibido un trato desigual por parte de los agentes de bienes raíces.
De acuerdo a Cruz Córdova, los agentes de bienes raíces no le contestaban las llamadas, pero cuando su amigo británico era quien llamaba, recibía respuestas casi inmediatas, conducta prohibida por la Ley federal de Vivienda Justa, la cual prohíbe el discrimen en la vivienda por raza, color, origen nacional, religión, sexo, estatus familiar o diversidad funcional.
Pierluisi Urrutia justificó que este año se otorgaron unos 1,000 decretos bajo el Código de Incentivos.
“La cantidad de inversionistas que tenemos y han llegado, en parte motivados por esos incentivos, estamos hablando de miles, pero ni tan siquiera a diez mil. O sea que en una Isla de 3.1 o 3.2 millones de habitantes, este número no es significativo”, aseguró Pierluisi Urrutia.
El Código Incentivos se encuentra bajo revisión por el Senado. Juan Zaragoza Gómez, presidente de la Comisión de Hacienda de ese cuerpo legislativo, había adelantado a este medio que presentaría un proyecto sustitutivo de su autoría para enmendar el estatuto, en lugar de eliminarlo, como propuso la senadora independentista María de Lourdes Santiago Negrón.
En ese momento, el senador planteó que las enmiendas crearían mayor balance para que a los beneficiarios se les requiere una inversión particular y un nivel de empleo específico. La medida aplicaría a solicitudes nuevas de decretos.
De acuerdo a Santiago Negrón, estos decretos solo crean un “Apartheid contributivo” en la Isla.
En su segunda visita a la Isla, el premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz, advirtió que el desarrollo económico no debería estar ligado a medidas que promuevan la evasión contributiva y mencionó como ejemplo la Ley 22.
